El Gobierno del presidente ultraderechista Nayib Bukele desplegó este miércoles 5.000 efectivos del Ejército y 500 de la Policía en un municipio del norte del país, luego de que un policía fuera presuntamente asesinado por miembros de bandas criminales. Los hechos se dieron el mismo día en que el Congreso de mayoría oficialista extendió un mes más el régimen de excepción en el país, a pedido expreso de Bukele.
El presidente salvadoreño volvió a cargar contra las bandas criminales, conocidas localmente como maras. El mandatario desplegó el martes 16 de mayo 5.000 soldados y 500 policías en búsqueda de los presuntos pandilleros que habrían matado a un miembro de la policía.
Esta operación se lleva a cabo en el municipio de Nueva Concepción, perteneciente al departamento de Chalatenango, a 73 kilómetros de San Salvador.
La policía informó del asesinato en un escueto comunicado en Twitter, en el que la institución aseguraba que el agente fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros dos colegas.
Lamentamos reportar la muerte de uno de nuestros agentes en Nueva Concepción, Chalatenango, quien fue atacado por pandilleros mientras patrullaba con otros policías.
1 terrorista fue capturado en el lugar.
Ejecutamos operativo para dar con los otros responsables.
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 16, 2023
Poco después, Bukele arremetió contra las maras en su cuenta de Twitter: «Que sepan todas las ONG de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás», publicó el mandatario.
Los pandilleros que aún quedan en nuestro país, acaban de asesinar a uno de nuestros héroes.
Pero ahí no dirán nada las ONG de “derechos humanos”, ellos solo velan por los derechos de los criminales.
¿Ven por qué debemos continuar con el Régimen de Excepción hasta TERMINAR POR… https://t.co/XSOW9IQWBA
— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 16, 2023
La Asamblea Legislativa aprueba nueva prórroga del estado de excepción
En la noche del martes, el Congreso salvadoreño aprobó la decimocuarta prórroga al régimen de excepción que ha estado vigente en el país desde marzo de 2022, luego de una serie de fatídicas jornadas en las que se llevaron a cabo 97 asesinatos atribuidos a bandas criminales.
El régimen de excepción ha permitido detener a 68.700 ciudadanos que el Gobierno señala de ser pandilleros involucrados en el narcotráfico y de pertenecer a bandas criminales como la Mara Salvatrucha 13 o Barrio 18. Todo ello, en medio de la mirada crítica de organizaciones de DD. HH. que cuestionan la legalidad en la que se han llevado a cabo los arrestos.
El estado de excepción anula varios derechos constitucionales, como la libertad de asociación y reunión, a ser informado del motivo de una detención y en el caso de las actuales detenciones, la restricción de la asistencia de un abogado.
Human Rights Watch y la organización local Cristosal han denunciado detenciones arbitrarias sin juicio real, desapariciones forzadas, tortura y que entre los detenidos se encuentran menores de edad. Y también han denunciado muertes bajo custodia.
Algo que preocupa especialmente desde que se empezó a imponer la medida es que entre las personas detenidas durante el estado de excepción hay inocentes. Hasta el momento, el Gobierno ha reconocido a 5.000 de ellas, lo que supone el 7% del total de detenidos durante el régimen de excepción. Ya han sido liberadas. Pero lo cierto es que las estimaciones de algunas organizaciones ajenas al Gobierno de Bukele estiman que esa cifra podría ser mayor.
Bukele goza de una amplia popularidad que se desprende de su política de ‘mano dura’ contra las pandillas y a la caída en los homicidios desde su llegada al poder. En 2019, cuando el mandatario asumió el cargo, el país sufría un índice de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para 2022, el índice cayó a 7,8 asesinatos por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a cifras oficiales.
El mandatario salvadoreño se congratula de haber reducido aún más este índice desde que entró en vigor el estado de excepción. Sin embargo, sobre él pesan también señalamientos por parte de la prensa local e internacional de que su Gobierno había pactado con las maras para reducir los asesinatos, antes de poner en práctica estas medidas.
Por el momento, el presidente goza también de libertad para llevar a cabo sus políticas, ya que la Asamblea Nacional es controlada en dos tercios por su partido, Nuevas Ideas, y la posibilidad de que busque continuar su mandato se hizo posible luego de que este Congreso votara el año pasado para permitir que el presidente sea reelegido, algo que requirió modificar la Constitución.